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Las cosas de palacio van despacio 23 febrero 2010

Posted by rcalber in Derecho, General, Politica.
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Las cosas de palacio van despacio y si hace falta, se eternizan.

Hoy en tenido que ir a la Junta de Andalucia – Delegación de Igualdad y Bienestar Social, concretamente el equipo de Valoración de Incapacidades y Orientación ocupacional, a los efectos de un trámite administrativo.

Lo primero que me he encontrado es que no habia administrativo y me han dado numero para hablar con la trabajadora social, para lo que me han dado numero.

El hecho de que hubieran personas que venían de hacer la compra, personas charlando sin hacer nada que luego resultaron ser trabajadores sociales y que empezarón a atender a alguno de nosotros empezó a levantar la indignación de los administrados.

Cuando comenté que yo iba para un asunto administrativo, varias personas me indicarón lo mismo. Querían conocer en que estado se encontraban sus solicitudes de reconocimiento médico, que llevaban cerca de los 2 años en trámite. Para mas indignación, la contestación era “ya le llamaremos”

Ahora bien, el plazo máximo para dictar la resolución viene recogido en la normativa autonómica, la cual debe respetar en cualquier caso el artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por lo tanto el plazo fijado por la norma autonómica nunca podrá exceder de seis meses, y cuando dicha norma no fije plazo máximo, este será de tres meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Actualmente el plazo máximo es de tres meses en toda España salvo en Aragón, Castilla-La Mancha y Valencia, Comunidades Autónomas donde dicho plazo es de seis meses.

Cuando la Administración actua de oficio, por ejemplo en multas, al superarse el plazo máximo para resolver se produce la caducidad del expediente y se archiva sin más trámite, pero, cuando somos nosotros quienes iniciamos el procedimiento (a instancia de parte), la administración tiene obligación de contestar siempre pero se producen los efectos del silencio. Es decir, se nos está diciendo que si o que no a nuestra solicitud por adelantado.

En el caso que nos ocupa, los efectos del silencio son positivos (salvo Cataluña, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia). Es decir, la no contestación en plazo tiene los mismos efectos que si nos hubieran dicho que si, pero la obligación de resolver continua eternamente.

Las personas que están allí, sin perjuicio de que exista algún sinverguenza encubierto, son personas que tienen alguna minusvalía cuyo reconocimiento implica que al administrado se le conceda:
– Pensión no contributiva
– Renta Activa de Inserción
– Pensión de orfandad
– Prestación por hijo a cargo minusválido
– Dependencia.

– En este caso, podriamos pensar que ya está todo hecho, pero resulta que tenemos una minusvalía “pseudoreconocida” pero no su grado, con lo que todo se vuelve papel mojado, ya que no consiste en que se te reconozca una minusvalía, si no que está debe tener unos mínimos (33 por ciento) para poder acceder a prestaciones sociales.
No tendríamos el previo informe de los correspondientes equipos multiprofesionales calificadores como exige el art. 7.2 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social del minusválido y ello viciaria de nulidad cualquier intento de acceso a tales prestaciones.

Por todo lo anterior, podemos ver que a alguién se le ha ocurrido la idea de enarbolar la pancarta “no habrán recortes sociales” mientras que a la vez impide, menoscaba, dificulta o bloquea el acceso a tales prestaciones. Cabe recordar que para el acceso a estas prestaciones no se pueden tener ingresos o deben tenerse en grado mínimo, por lo que los administrados se encuentran en una situación de indefensión total, indefensión, a mayor vergüenza, que se produce contra los más desfavorecidos.

¿Como actuar?

Bueno, pués este es uno de los efectos perversos que tiene el hecho de que cada Comunidad Autonoma, porque el proceso es distinto en función de la Comunidad Autonoma donde vivimos y por tanto, sus consecuencias ¿Somos iguales todos los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer discrimincion alguna por razon de raza, sexo, religión, nacimiento o CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL?

Caso A: Si en nuestra Comunidad Autonoma el silencio es negativo

En este caso, es lo mejor que nos puede ocurrir. Hacemos una reclamación antes de que transcurran 30 días desde que se produce el silencio y que es imprescindible y previo a la via laboral.

La Administracion tiene 45 días para contestar, si no lo hicieran, podemos presentar demanda en el Juzgado de lo Social que nos correspona.

Alli llevaremos nuestra demanda, nuestro certificado medico pericial y los informes medicos oportunos. La administración no tendrá nada para defenderse porque no ha visto al paciente.

Eso, pone a la Administración contra las cuerdas. Como no son tontos, citarán al interesado para que asista al reconocimiento médico y se nos acabará el problema.

Si no contestarán, cosa que dudo, la via judicial sería muy efectiva para que nos reconozcan lo que pedimos.

Caso B: Silencio Positivo

En este caso, solo cabe pedir una certificación de “actos presuntos”, que deberan darnos en 20 días. En este certificado vendrá un porcentaje de minusvalia, basado en el documento que entregamos en su dia, pero no en todos los que disponemos ni en la visita al equipo multidisciplinar.

En este punto, si no estamos conformes, haremos la reclamación previa y demanda en su caso.

En este caso, también entiendo que existe un informe supuestamente imparcial al que el Juzgado de lo Social puede hacer mucho caso, pero hay muchas posibilidades de superarlo cuando el juez vea lo que ha ocurrido.

En todo caso, la administración no se va a jugar tampoco el que un Tribunal pueda dictar una resolución, que en estás circunstancias tiene bastantes probabilidades de que vaya en su contra.

La Administración prefiere que te vea el equipo multidisciplinar, cuyo informe es muy difícil de vencer en el caso de que no estemos de acuerdo, porque el informe que nosotros llevamos es de parte y se supone más interesado que el que tiene que dar la Administración y que se presupone imparcial.

Acceso a la justicia gratuita

El acceso a la justicia gratuita nos permite contar con abogado, perito y procurador gratuitos. Todos, o solo una parte.

A un perito que sea nombrado de oficio se le puede hacer más caso que si lo hemos pagado nosotros, eso si, no será tan benevolente y actuará de una forma más imparcial.

Se entiende que carecen de recursos económicos suficientes aquellas personas cuyos recursos e ingresos y los de su familia, no superan el doble del salario mínimo interprofesional.

Para comprobar si el solicitante carece de recursos económicos suficientes, se tendrán en cuenta las rentas que perciba, los bienes que posea, sus circunstancias, así como todos aquellos signos externos que puedan manifestar su capacidad económica real (como nivel de vida, vehículos… etc.)

Por tanto, se podrá negar el derecho a aquellas personas que, siendo su nivel de ingresos inferior al salario mínimo interprofesional, poseen propiedades, o de su nivel de vida se deducen unos recursos económicos que le permiten asumir los gastos de la defensa de sus intereses en un juicio.

a) El procedimiento

Los interesados deben solicitar que les sea reconocido en derecho a la asistencia jurídica gratuita en el Colegio de Abogados del lugar en que se encuentre el Juzgado que vaya a conocer del asunto o ante el Juzgado de su domicilio.

En el caso de que sean varios los demandantes, la solicitud debe formularse individualmente.

b) Los requisitos de la solicitud

En la solicitud se deben hacer constar los datos que reflejen la situación económica del solicitante y de su familia, sus circunstancias personales, la pretensión que quiere ejercitarse y contra quiénes se dirige. También deben acompañarse los documentos acrediten la situación económica que se alega.

Si el Colegio de Abogados aprecia que existen deficiencias en la solicitud o que la documentación que se ha presentado es insuficiente, debe requerir al solicitante que, en el plazo de 10 días, subsane la solicitud. Si no lo hace, se archivará la petición.

c) Las designaciones provisionales

Si de la solicitud y de los documentos que se aportaron se desprende que el solicitante se encuentra entre las personas que pueden ser beneficiarias de la concesión de la justicia gratuita, el Colegio de Abogados procederá a la designación provisional de abogado y, en su caso, de procurador.

En el caso de que el Colegio de Abogados estime que el peticionario no cumple las condiciones para que se le conceda el derecho a litigar de forma gratuita, o que la acción que pretende ejercitar es insostenible o no tiene fundamento, deberá notificar al solicitante que no va a realizar el nombramiento del abogado y del procurador de oficio.

El Colegio de Abogados debe remitir el expediente correspondiente así como las designaciones provisionales o la denegación de las mismas a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que las verifique y resuelva.

La Comisión podrá comprobar si los datos económicos que el solicitante ha manifestado en la solicitud son o no ajustados a la realidad y para ello podrá requerir información a la Administración Tributaria e incluso, en los casos en los que se considere necesario, preguntar a aquella parte contra la que se presenten dirigir las actuaciones, sobre la situación económica real del solicitante.

d) La resolución

Realizadas las comprobaciones, la Comisión dictará resolución reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

En el caso de que se conceda el derecho, se confirmarán las designaciones provisionales de abogado y procurador que, en su caso, se hubiesen efectuado.

La resolución debe notificarse al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, a las partes interesadas y al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de la localidad si el proceso no se hubiese iniciado aún.

Si la Comisión no se pronuncia sobre la petición de asistencia en un plazo de 30 días desde que terminase la instrucción del expediente con las comprobaciones oportunas, se entenderá que se concede el derecho a litigar de forma gratuita.

Comentarios»

1. ARISTIDES - 23 febrero 2010

Dicen que la paciencia es la madre de la ciencia; pero te aseguro que yo no tengo tanta.

La administracción nos vence por cansancio. El procedimiento administrativo, en ocasiones tan farragoso,
está pensado para aburrir al personal y cubrir las espaldas del empleado público.

Los poderes públicos dicen que están para servir al ciudadano, pero uno piensa, si en su conjunto, merece la pena lo ofrecido al costo (impuestos, calidad del servicio, desvelos por el procedimiento…) resultante.

Al menda le gustaría ver un trabajo por objetivos, en esto de “la cosa pública”, con items evaluables. Y me gustaría, además, que pudieran ser comparables con los ofrecidos por otros organismos.


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