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Entre la Espada y la Pared 15 abril 2010

Posted by rcalber in Derecho, General, Politica.
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Hace años me contaron un chiste, quizás de mal gusto, que decía lo siguiente:

Resulta que un grupo de Skinheads se encuentra con un sr. de raza negra y teniéndole rodeado le dicen:

– Te vamos a dar un dado para que lo tires. Si sacas de 1 a 5 te vamos a meter una paliza tal, que quien te vea, nos tendrá por locos.

– Compungido, el negrito pregunta ¿Y si saco un 6?

– Si sacas un 6, tiras de nuevo.

Creo que esta es la situación que mejor define el lugar en el que ha quedado el Tribunal Constitucional en relación con el recurso al Estatuto de Cataluña.

El Estatuto es una norma que se aprobó con mayoría en Cataluña, con 120 votos a favor y 15 en contra provenientes del PP. Fue elevado a las Cortes donde recibió enmiendas y finalmente fue aprobado por todos los grupos salvo el PP y la abstención de ERC y luego reenviado a Cataluña, sometido a referéndum y aprobado con un 74% de votos y un 20% en contra.

El Estatuto de autonomía de Cataluña es la norma institucional básica. Define los derechos y deberes de la ciudadanía de Cataluña, las instituciones políticas­ de la nacionalidad catalana, sus competencias y relaciones con el Estado y la financiación de la Generalitat de Cataluña.

Se trata, por tanto, de una norma que regula el funcionamiento interno de Cataluña pero también con el Estado y otras Comunidades Autónomas. Se lanzaron 7 recursos cuestionando la constitucionalidad de la norma provenientes, no sólo del Partido Popular si no también del Defensor del Pueblo, referidos al origen de los poderes de la Generalitat proclamado en el Estatuto, los derechos y deberes recogidos, el régimen lingüístico, la regulación del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), el Poder Judicial y la Administración de Justicia, el denominado “blindaje” de competencias y la bilateralidad de las relaciones Estado-Generalitat.

Pero no sólo han quedado en cuestión estos extremos, sino que se han presentado recursos desde diferentes Comunidades Autónomas:

– El Gobierno aragonés, el de Baleares y de la Comunidad Valenciana considera que el Archivo de la Corona -ubicado físicamente en Barcelona- era un ente indivisible que debía ser gestionado por las cuatro comunidades implicadas: Aragón, Baleares, Cataluña y Comunitat Valenciana, así como por el propio Gobierno central y que la regulación del Estatuto catalán modificaba las competencias del Gobierno aragonés en esa materia.

– La Comunidad Valenciana, Murcia y la Rioja ponen en cuestión, además, el “blindaje” a los recursos hídricos.

A su vez, los conflictos políticos han impedido la renovación del Constitucional y la división interna, ha encorsetado una resolución en favor o en contra, alargando la lo indecible mientras que, por otra parte, el Estatuto se va desarrollando porque los abusos en los recursos de inconstitucionalidad llevarón en su día a tomar la decisión de que las cuestiones que se planteen en el Constitucional no impedirá la aplicación de la norma mientras esta se halla sometida a valoración por el alto tribunal.

¿Y ahora que?

– Si derogan ciertos aspectos de la ley por inconstitucionalidad, tres años después y con todo el desarrollo en marcha, se pone en cuestión de credibilidad todo el sistema democrático, que ha ido aprobando por mayorias sobradas una norma de corte inconstitucional.

– Si se declara que la norma es Constitucional y más aún por el voto de calidad del Presidente, se dirá con cierta razón que se está justificando lo injustificable, precisamente para no caer en el punto que se señalaba anteriormente y que se cuestionen las instituciones democráticas, porque si fuera algo tan claro, no serían necesarios ni el voto de calidad ni 3 años de demora para dictar una resolución, que vamos a ver por donde salen en su redacción.

Por todo lo anterior, jaque mate a la legitimación de las instituciones democráticas.

Parecen palabras vacías y sin contenido, pero es algo muy serio y con lo que no se debería jugar, pero se llevan años abusando, hablando y cuestionando instituciones democráticas, la generalidad de la ley, la actuación seria y responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la división de poderes.

Hay que diferenciar entre lo legal y lo legítimo. Algo puede ser legal, sólo por obedecer a cuestiones técnicas jurídicas, pero una decisión no tiene porque ser legítima, es decir, con reconocimiento público de esa potestad para decidir. Por poner un ejemplo, el hecho de que en el Franquismo se aplicara una norma de ejecución no impide que fuera en su momento legal, pero al no existir democracia no podemos hablar de legitimidad.

Son muchas. Se habló del 11M como una preparación de “golpe de Estado” cuestionando la legitimidad de un Gobierno elegido en las urnas, el Fiscal General del Estado, los Jueces y Magistrados elegidos por potestad discrecional están siempre en tela de juicio por sus relaciones con un determinado partido u otro e incluso las actuaciones policiales se achacan a persecuciones políticas.

Tras 30 años de democracia, lejos, como aseguran algunos, de estar madurando como sociedad, estamos entrando en una espiral de decadencia política e institucional muy difícil de digerir y como se empiece a cuestionar la legitimidad de las Instituciones y del Estado, vamos a ver por donde vamos a salir, porque esa es la semilla de toda rebelión popular.

Comentarios»

1. ARISTIDES - 15 abril 2010

El problema es que luego los platos rotos no los paga nadie. Todos son inocentes y además agraviados.
Ellos y su ineptitud son los que ponen en entredicho la división de poderes; y como dices en el último parrafo, se meten en un jardín del que luego es muy dificil salir.

En su día comentaba que esperaba la sentencia del periódico Egunkaria. Algunas de las consecuencias después de 7 años han sido:

– Que algunos de los acusados han pasado año y medio en la cárcel y después ha tenido que presentarse cada 15 días en el juzgado.
– Una editorial con su grupo de empresas cerradas.
– 180 personas sin trabajo.
– 4 de los imputados han perecido sin conocer la absolución.
– La misma acusación reconoce que los perjudicados podrían reclamar idemnizaciones por valor de 60 millones de euros.

En resumen: un despropósito que no tendrá consecuencias para sus causantes. Y…¿qué hacemos?.


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