No robes… El Gobierno odia la competencia

Después de los recortes anunciados por el Presidente muchos pensabamos que se iba a desenterrar el hacha de guerra y, muy a pesar de mis deseos, se iba a levantar una verdadera revuelta en contra de estos recortes ya que, después de que el sindicato de los funcionarios hiciera una llamada a la huelga, muy raro iba a ser que las plataformas CCOO y UGT se opusieran a ellas.

Dicho y hecho. Los sindicatos se sumaron a la huelga, luego era una posibilidad y a partir de ahora veremos si lo hacen o no. ¿Cómo los ha convencido Zapatero? ¿Cómo se puede ser un genio en las relaciones nacionales y un verdadero fiasco cuando se sale de España?

En España cosas como la moral, el interés general y la honestidad quedan en papel mojado cuando entra en juego el dinero y el problema es que Zapatero lo sabe y ya ha demostrado con creces que es muy dado a ceder ante los chantajes.

Tan sólo le ha costado 16 millones de euros y ya está públicado en el BOE a disposición de quién quiera consultarlo HACIENDO CLICK AQUI.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones y Ayuntamientos contribuyen de muy diversas maneras a la financiación sindical y como los sindicatos no tienen obligación de publicar sus cuentas resulta muy difícil evaluar el alcance total de aquellas aportaciones.

CC.OO. recibió 96 millones de euros, y UGT otros 96, en subvenciones diversas por parte del Gobierno durante 2009. Esto sólo por parte del Estado y sin perjuicio de lo que luego cae desde las Autonomias, como lo que les han dado desde la junta de Andalucia, con 8 millones de euros para cada uno de estos dos sindicatos para formacion profesional, cerca de 10 millones de euros para planes intersectoriales y casi 3,5 millones de euros para cada uno para planes sectoriales de formación.

¿Suficiente? No, hacía falta más y más para tapar la boca a quienes se erigen como defensores de los pocos trabajadores que quedan y los menos que hay, afiliados a estos pseudosindicatos fallidos.

El 16 de diciembre de 1992, CEOE y CEPYME, por una parte, y CCOO y UGT, por otra, suscribieron el I Acuerdo Nacional de Formación Contínua en las Empresas. Se instituía en él una Comisión Mixta Estatal de Formación Continua, que se plasmaria en el FORCEM (Fundación para la Formación Continua en la Empresa), fundación cultural privada integrada exclusivamente por los interlocutores sociales ocupados como instrumento para reforzar la competitividad de las empresas.

El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1993, con una duración de cuatro años prorrogables.

Curioso no ¿Mejorar la competitividad y la cualificación? ¿Cómo es posible entonces que los trabajadores lleven 20 años con los sueldos congelados o en deflación si consideramos la manipulación del IPC? ¿Cómo es posible que la competitividad haya decrecido durante todo este tiempo? ¿Torpeza en la gestión?

Y es que además se avecina la reforma laboral y no se habla más que de sueldos caros de los trabajadores, sueldos que no han subido en 15 años por culpa de la escasa inversión en i+d, pero la competitividad tambien es cosa de formación y aquí es donde entra el preguntarse ¿Dónde demonios se gastan ese dinero para que sigamos hablando de mano de obra escasamente cualificada?

Esa gestión es bien conocida porque fue objeto de un Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, fechado el 29 de septiembre de 1998, que detectó multitud de anomalías, como irregularidades en el número de alumnos, cobro de enseñanzas gratuitas, subvenciones a favor de las entidades que forman la Fundación y ausencia de estudios sobre las necesidades formativas de cada sector.

El Tribunal de Cuentas obligó a devolver a CEOE más de 12 millones de euros, a CEPYME más de 75 millones de euros y a CCOO más de 11 millones.

Otro informe del Tribunal de Cuentas, elaborado durante la vigencia del II Acuerdo, puso de relieve su ineficiencia y multitud de irregularidades:

– Se falsean las documentaciones inflando los presupuestos.

– Se presentan facturas de cursos que no se han impartido.

– 4.146 alumnos realizaron cuatro o más cursos entre 1996 y 1997

– Se financiaron cursos de interés eminentemente particular, es decir ajenos al desarrollo o adaptación de las cualificaciones técnico profesionales del trabajador, como la especialidad de fagot, licenciaturas y doctorados diversos o el título nacional de entrenador de fútbol.

Es bien expresivo el hecho de que el Tribunal de Cuentas propusiera en ese informe que la CEOE, la CEPYME y otras organizaciones empresariales reintegraran un total de 150 millones de euros, CCOO 36 millones de euros y UGT 66 millones de euros.

A partir del III Acuerdo se sustituyó la FORCEM por una Fundación tripartita, de competencia estatal cuyas cuentas forman parte de la cuenta general del Estado y con un Patronato de veintisiete miembros, nueve de la Administración, nueve de las organizaciones sindicales y nueve de las organizaciones empresariales más representativas.

Cuando la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo publicó sus cuentas del ejercicio 2005 supimos que la aportación fundacional inicial fue de 51.087 euros, de los que CEOE y CEPYME aportaron 6.010 euros cada una, UGT 5.676 euros, CCOO 4.925 euros, la CIG 1.420 euros y el Servicio Público de Empleo 27.046 euros.

El dato es tanto más significativo si se tiene en cuenta que esa Fundación recibió una transferencia del citado Servicio Público por importe de 35 MILLONES de euros y pagó por el arrendamiento de sus oficinas centrales (2,2 millones de euros).

Luego además, me entero de que además del cuento de los liberados y representantes en las distintas empresas españolas, cobran mil euros por trabajador cuando se produce un ERE en cualquier empresa, cosa que me creo ya que hace tiempo salió a la luz algo así y se intentó justificar alegando que se trataba de un hecho absolutamente excepcional que compensaba los gastos aportando técnicos, economistas y abogados, pero algo más de un mes después el mismo periodista que firmaba aquella noticia hacia público que UGT y CCOO reconocían que era habitual cobrar de las empresas con las que negociaban ajustes, cosa que no se hasta que punto puede ser legal y no sólo ético, debido al conflicto de interés que puede representar que se defienda a un grupo de trabajadores contra una entidad con la que se tienen concertados unos pagos.

De está forma, el dialogo social se convierte en dos palabras vacías, carentes de contenido, en las que se pierde la noción de lucha de la clase trabajadora que además de fuerza laboral es, mediante el consumo, la parte final de la cadena productiva, cosa que ya comprendieron hace más de 50 años tanto empresarios como trabajadores y que quedó consagrado en el primer artículo de la Constitución al establecer: «España es un estado SOCIAL y DEMOCRATICO de DERECHO que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político»

Están destruyendo a base de cheques en blanco aquellas ideas por las que nuestros abuelos y bisabuelos murieron y la permisividad de la sociedad ante tales graves acontecimientos supone una traición tácita a su memoria.