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La jurisdicción o algo que se le parece. 14 octubre 2010

Posted by rcalber in Derecho, General.
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La jurisdicción puede ser definida como el Poder Judicial, integrado por Jueces y Magistrados a quienes, por su independencia y sumisión a la Ley y al Derecho (art. 103.1 de la Constitución), ejercen la potestad jurisdiccional (el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) y, en consecuencia, expresamente están legitimados para la resolución jurídica; motivada, razonada, definitiva e irrevocable, de los conflictos intersubjetivos y sociales, para la protección de los derechos subjetivos, el control de la legalidad y la complementación del ordenamiento jurídico.

Esto no ha sido siempre así. Antes de la propia organización social o con un Estado débil, los conflictos se resolvían mediante la autotutela, es decir, la ley del más fuerte que se impone al más débil.

En el momento en que el Estado adquiere fortaleza y regula las relaciones humanas, toma el monopolio de la justicia e impide que cada uno pueda tomarse la justicia por su cuenta. De hecho, en nuestro Código Penal aparece tipificado el delito de la ejecución arbitraria del propio derecho.

A diferencia de lo que ocurría tras la vigencia de la Constitución Española, la jurisdicción no es una mera función del Ministerio de Justicia si no que se comporta como un poder independiente, tal y como señala el art. 122 de la Constitución que prevé una Ley Orgánica (las leyes orgánicas son leyes que sirven para regular derechos fundamentales) del PODER JUDICIAL a la que ha de confiarse la constitución, funcionamiento y autogobierno de los Juzgados y Tribunales (L.O 6/85 del Poder Judicial y modificaciones).

El Poder Judicial no es sólo un poder independiente si no que, como no ocurre con ningún otro funcionario, los jueces son incluso independientes de órganos superiores. Independientes, inamovibles, responsables y sujetos SÓLO a la Ley y al Derecho y ostentan con EXCLUSIVIDAD la titularidad de la potestad jurisdiccional.

Surge así también el principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 de la Constitución Española) cuya utilidad primordial consiste en declarar ilegítimas las denominadas jurisdiccional especiales que proliferaron en el anterior régimen autocrático, pues de nada sirve tanto mandato constitucional si el Poder Ejecutivo puede crear Tribunales ad hoc para el enjuiciamiento de determinadas materias àra que las resuelva un Juez puesto a dedo.

De todo esto que suena tan bonito, de independencia, unidad y exclusividad jurisdiccional, evitar la autotutela y demás cabe decir que se aplica, que funciona, pero que tiene sus matices.

Nos creemos que la autotutela es algo del pasado pero sigue en el presente, y no me refiero únicamente al hecho de las confrontaciones entre estados si no al Derecho Administrativo.

Así, un funcionario pone una multa y uno puede hacer mil alegaciones; ciertas o falsas, con razón o sin ellas pero, quien resuelve es también parte en el proceso, la Administración.

Resuelve la propia administración, si se dignan a responder y, por supuesto, sin tirar piedras contra su propio tejado, como lo es su aparato recaudatorio. Uno puede acabar pensando en plantear un contencioso-administrativo si tiene tiempo y ganas de gastarse un dineral, pero nadie lo hace por razones evidentes.

Es lo de menos, una mera multa. Hay cosas peores. Resulta que el Tribunal de Cuentas y la Jurisdicción Militar no forman parte del poder judicial, por lo que eso de la unidad jurisdiccional y exclusividad es para reirse. Basta preguntar a cualquier militar que les parece la broma de que a los Jueces Militares no los controle el Consejo General del Poder Judicial si no Defensa, así como preguntar por el continuo devenir de sentencias bochornosas que, a diario, pisotean los principios constitucionales que nuestros Guardias Civiles y Ejércitos tienen que defender con su vida.

Hasta Agosto de este año, tras más de 30 años de Democracia y Constitución, El Consejo General del Poder Judicial no ha decidido cerrar el limbo que existía sobre la inspección de los juzgados y tribunales militares, y, por ello, a partir del próximo año asumirá esa competencia, que le viene reconocida por la propia Constitución. Es la primera vez que las inspecciones ordinarias a estos juzgados togados se incluyen dentro del control de la actividad de los órganos judiciales españoles, y, como tal, se recoge en el Proyecto de Presupuesto del CGPJ para 2011.

La otra es lo bochornoso que resultan los nombramientos de jueces o el Fiscal General, bajo la democracia del dedo y el espectáculo que se crea con las luchas de poder que ya empiezan a traspasar la esfera de lo privado y se hacen cada vez más notorias y públicas, sobre todo ante decisiones que cualquier jurista novato calificaría como “sorprendentes”.

Por último, cabe también reirse de lo irrevocable y firme de las sentencias. El Rey, ha propuesta del Consejo de Ministros puede otorgar un indulto. El paradigma lo tenemos en el indulto planteado para Barrionuevo y Vera, condenados por delitos de terrorismo, aunque sean de Estado, pero terrorismo y, además, sin tener en cuenta la opinión de sus víctimas.

En fin, el sistema no es lo peor pero, sin duda, debe y tiene que mejorar bastante para que realmente se produzca una separación de poderes, autogobierno e independencia judicial.

Comentarios»

1. ARISTIDES - 16 octubre 2010

Leo tu artículo y me acuerdo Tejero, Boch y quienes dieron el Golpe de Estado. La justicia para ellos fue distinta de la que se aplica a los terroristas que también atentan contra el Estado.


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