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La jurisdicción o algo que se le parece. 14 octubre 2010

Posted by rcalber in Derecho, General.
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La jurisdicción puede ser definida como el Poder Judicial, integrado por Jueces y Magistrados a quienes, por su independencia y sumisión a la Ley y al Derecho (art. 103.1 de la Constitución), ejercen la potestad jurisdiccional (el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) y, en consecuencia, expresamente están legitimados para la resolución jurídica; motivada, razonada, definitiva e irrevocable, de los conflictos intersubjetivos y sociales, para la protección de los derechos subjetivos, el control de la legalidad y la complementación del ordenamiento jurídico.

Esto no ha sido siempre así. Antes de la propia organización social o con un Estado débil, los conflictos se resolvían mediante la autotutela, es decir, la ley del más fuerte que se impone al más débil.

En el momento en que el Estado adquiere fortaleza y regula las relaciones humanas, toma el monopolio de la justicia e impide que cada uno pueda tomarse la justicia por su cuenta. De hecho, en nuestro Código Penal aparece tipificado el delito de la ejecución arbitraria del propio derecho.

A diferencia de lo que ocurría tras la vigencia de la Constitución Española, la jurisdicción no es una mera función del Ministerio de Justicia si no que se comporta como un poder independiente, tal y como señala el art. 122 de la Constitución que prevé una Ley Orgánica (las leyes orgánicas son leyes que sirven para regular derechos fundamentales) del PODER JUDICIAL a la que ha de confiarse la constitución, funcionamiento y autogobierno de los Juzgados y Tribunales (L.O 6/85 del Poder Judicial y modificaciones).

El Poder Judicial no es sólo un poder independiente si no que, como no ocurre con ningún otro funcionario, los jueces son incluso independientes de órganos superiores. Independientes, inamovibles, responsables y sujetos SÓLO a la Ley y al Derecho y ostentan con EXCLUSIVIDAD la titularidad de la potestad jurisdiccional.

Surge así también el principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 de la Constitución Española) cuya utilidad primordial consiste en declarar ilegítimas las denominadas jurisdiccional especiales que proliferaron en el anterior régimen autocrático, pues de nada sirve tanto mandato constitucional si el Poder Ejecutivo puede crear Tribunales ad hoc para el enjuiciamiento de determinadas materias àra que las resuelva un Juez puesto a dedo.

De todo esto que suena tan bonito, de independencia, unidad y exclusividad jurisdiccional, evitar la autotutela y demás cabe decir que se aplica, que funciona, pero que tiene sus matices.

Nos creemos que la autotutela es algo del pasado pero sigue en el presente, y no me refiero únicamente al hecho de las confrontaciones entre estados si no al Derecho Administrativo.

Así, un funcionario pone una multa y uno puede hacer mil alegaciones; ciertas o falsas, con razón o sin ellas pero, quien resuelve es también parte en el proceso, la Administración.

Resuelve la propia administración, si se dignan a responder y, por supuesto, sin tirar piedras contra su propio tejado, como lo es su aparato recaudatorio. Uno puede acabar pensando en plantear un contencioso-administrativo si tiene tiempo y ganas de gastarse un dineral, pero nadie lo hace por razones evidentes.

Es lo de menos, una mera multa. Hay cosas peores. Resulta que el Tribunal de Cuentas y la Jurisdicción Militar no forman parte del poder judicial, por lo que eso de la unidad jurisdiccional y exclusividad es para reirse. Basta preguntar a cualquier militar que les parece la broma de que a los Jueces Militares no los controle el Consejo General del Poder Judicial si no Defensa, así como preguntar por el continuo devenir de sentencias bochornosas que, a diario, pisotean los principios constitucionales que nuestros Guardias Civiles y Ejércitos tienen que defender con su vida.

Hasta Agosto de este año, tras más de 30 años de Democracia y Constitución, El Consejo General del Poder Judicial no ha decidido cerrar el limbo que existía sobre la inspección de los juzgados y tribunales militares, y, por ello, a partir del próximo año asumirá esa competencia, que le viene reconocida por la propia Constitución. Es la primera vez que las inspecciones ordinarias a estos juzgados togados se incluyen dentro del control de la actividad de los órganos judiciales españoles, y, como tal, se recoge en el Proyecto de Presupuesto del CGPJ para 2011.

La otra es lo bochornoso que resultan los nombramientos de jueces o el Fiscal General, bajo la democracia del dedo y el espectáculo que se crea con las luchas de poder que ya empiezan a traspasar la esfera de lo privado y se hacen cada vez más notorias y públicas, sobre todo ante decisiones que cualquier jurista novato calificaría como “sorprendentes”.

Por último, cabe también reirse de lo irrevocable y firme de las sentencias. El Rey, ha propuesta del Consejo de Ministros puede otorgar un indulto. El paradigma lo tenemos en el indulto planteado para Barrionuevo y Vera, condenados por delitos de terrorismo, aunque sean de Estado, pero terrorismo y, además, sin tener en cuenta la opinión de sus víctimas.

En fin, el sistema no es lo peor pero, sin duda, debe y tiene que mejorar bastante para que realmente se produzca una separación de poderes, autogobierno e independencia judicial.

¿Por qué los enfermos mentales no están encerrados en los psiquiátricos? 7 octubre 2010

Posted by rcalber in Derecho, General, Psicologia/Psiquiatria.
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“No cruce ahora señora, espere a que yo se lo diga”. Lo que parecía un gesto de amabilidad hacia una mujer octogenaria se convirtió en unos segundos en una tentativa de homicidio. De forma repentina, la mujer fue empujada hacia la calle en el momento en que iba a pasar un vehículo con el fin de que la atropellara.

La víctima, afortunadamente, sólo sufrió lesiones leves y el hombre fue retenido por varios transeúntes hasta la llegada de una patrulla policial, que detuvo al sospechoso y verificó que cuenta con varios antecedentes, uno de ellos por otra tentativa de homicidio. El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial y no se descarta su ingreso en un centro psiquiátrico, ya que ni en este ni en otros incidentes que ha protagonizado conocía a las víctimas y los indicios apuntan a que sufre alguna perturbación.

Y yo me pregunto ¿Por qué los enfermos mentales no están encerrados en los psiquiátricos?

Para quitarnos rápido el tema de la Constitución hay que decir que ésta contempla que nadie puede ser privado de libertad salvo en los supuestos determinados por la ley (hace referencia al delito), que todos tenemos libertad de residencia y derecho a circular libremente por el territorio nacional.

A mayor hincapié, el artículo 49 de la Constitución señala: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento y rehabilitación e integración de los disminuidos psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.”

Por tanto, en principio, si tratamos de encerrar a una persona contra su voluntad en un psiquiátrico estaríamos cometiendo un delito de detención ilegal y si este paciente va firmando todos los documentos con un “Solicita Habeas Corpus” habría que llevarlo inmediatamente ante un juez y podríamos vernos en un serio aprieto.

Por tanto, y debido a que la Ley de Sanidad también permite no someterse a un tratamiento médico, el internamiento del paciente tiene que ser VOLUNTARIO, es decir, es una medida pactada entre el psiquiatra y el paciente.

La aceptación voluntaria del ingreso y, consecuentemente, de las
medidas terapéuticas y de las normas de la unidad debe hacerse por escrito, y si se obtiene el consentimiento mediante violencia, presiones o engaño se estaría cometiendo igualmente un delito de detención ilegal.

La ley también permite que una persona sea tratada en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, pero esto se reduce prácticamente a los casos en que pueda atentar contra su propia vida o contra la de un tercero.

La solicitud puede efectuarla la familia, el representante legal del paciente si estuviera incapacitado legalmente, o fuera un menor, la policía o el Ministerio Fiscal. El proceso es largo y farragoso y puede ocurrir que tras un par de meses de internamiento el paciente reciba el alta.

Este internamiento forzado no es fácil de conseguir. Se necesita cumplir con los siguientes criterios:

– El internamiento es una medida excepcional,.
– Que no pueda prolongarse el internamiento si no persiste la perturbación mental que la ocasionó.
– Necesidad de control judicial en los internamientos involuntarios.
– Que el paciente tenga la posibilidad de ser oído personalmente o, en su caso, mediante alguna forma de representación; que sea informado de las condiciones del internamiento, que la decisión judicial se adopte en breve plazo.
– Las restricciones a la libertad personal del paciente deben limitarse a las que sean necesarias por la situación psicopatológica y el encuadre terapéutico.

Todo esto está muy bien pero existen casos en los que la inmediatez es fundamental. Estamos hablando de una urgencia en la que un paciente está descompensando, está bajo los efectos de alguna droga que tiene perturbado su estado cognoscitivo y que puede crear un peligro potencial contra si mismo o contra una tercera persona.

En este caso, no es necesaria la intervención judicial previa y podemos llamar perfectamente a una ambulancia y que se lo lleven y se ordene su ingreso en un psiquiátrico, eso si, dando oportuna cuenta al juez de que se ha tomado esa medida dentro de las 24 horas siguientes, todo ello, de conformidad con el artículo 211 del Código Civil.

Además de que exista una indicación médica y una situación que justifique la necesidad del internamiento, como me repito, la situación psicopatológica debe impedir al sujeto la toma de decisión por sí mismo ya que en ese estado le hace imposible tanto el ejercicio del derecho a estar informado, así como aceptar o rechazar las medidas médicas que se le proponen como la obligación del consentimiento (Ley General de Sanidad).

Cuando el paciente sea menor de edad, no será suficiente la autorización del padre o de la madre o de aquel que detentara la patria potestad, precisando de la autorización judicial y de un informe de los servicios de asistencia al menor (Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor que modifica el art. 211 del Código Civil)

Una vez que el Juez ha sido informado, este deberá personarse para examinar al paciente y en el plazo de 72 horas para ratificar o no la medida de internamiento involuntario.

En este caso, el médico habría cometido una detención ilegal pero, como ya se ha comentado en algún otro artículo, amparandose en la eximente del Código Penal de obrar en virtud de oficio o cargo, cumpliendo con los requisitos de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Otra situación con la que nos podemos encontrar es que el paciente se encierre en su domicilio que, según la Constitución, es inviolable y si entramos en él cometeríamos un delito de allanamiento de morada, previsto y tipificado en nuestro Código Penal, por no contar con autorización judicial.

En este caso, en esa entrada “ilegal” al domicilio estaríamos amparado por obrar en estado de necesidad, algo que comenté en un artículo anterior y que sirve como eximente para la aplicación del Código Penal debido a que el mal que causamos es menor que el que tratamos de evitar y existe una necesidad objetiva de violar un bien jurídico para salvar otro mayor.

Por último, tenemos el caso que nos ocupa en que se comete un delito. En este caso se detiene al paciente, se informa al juez antes de las siguientes 24 horas y se pone a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias y, en todo caso, antes de que transcurran las 72 h.

El juez puede mandarlo a prisión preventiva (mientras sale el juicio), ponerlo en libertad u ordenar una medida de seguridad, como es el internamiento en un centro psiquiátrico.

ECHELON 6 octubre 2010

Posted by rcalber in Ciencia y Tecnologia, Curiosidades, Derecho, General, Politica.
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ECHELON es un sistema de espionaje controlado por EEUU, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, para capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas de teléfono, faxes y e-mails en casi todo el mundo.

ECHELON intercepta tantas comunicaciones al día que muchos de los informes que genera ni siquiera se acaban leyendo.

El hecho es que muchos sospechan que el sistema es utilizado también para asuntos políticos y económicos y por supuesto las mayores críticas devienen por la invasión brutal de la intimidad que supone, junto a la invasión de la soberanía nacional.

Cuando Aznar apoyó a George Bush en su inhumana, injusta y cruenta invasión a Irak, uno de los grandes beneficios inimaginables para la “República Española” – según Jeb Bush – fue el acceso a la red ECHELON y al programa Carnivore (un software espía), que por cierto, motivó una pregunta parlamentaria porque sirvió para captar una videoconferencia privada entre un ingeniero español y la Empresa para la que trabajaba.

Resulta que antes de que todo esto llegara a España y de los ataques del 11-S en Estados Unidos, se empezó a fraguar nuestro propio sistema, conocido como SITEL o Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones.

Para ir al grano, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la Sentencia Nº 1078/2009 de la Sala de lo Penal de 5/11/2009 dice la naturaleza, alcance y efectos de dicho sistema:

“La cuestión planteada en este motivo 7º es un tema que interesa a la Administración y al Poder Legislativo, a los efectos de determinar el sistema a seguir para conservar (o no conservar) y controlar las conversaciones telefónicas legalmente intervenidas y grabadas, que ahora quedan integradas en un solo archivo mediante el referido sistema SITEL, que ha venido a sustituir a las anteriores audiciones personales e individualizadas que realizaban los correspondientes agentes policiales.

Por eso fue la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Supremo la que tuvo que pronunciarse sobre este problema en su sentencia de 5 de febrero de 2008 en respuesta a una demanda planteada por la Asociación de Internautas, citada en el propio escrito de recurso.

Ratifica esta Sentencia el criterio ya expuesto en la Sentencia de 13 de marzo de 2009 en el recurso 10624/2008 en la que se expuso: El programa SITEL es una implementación cuya titularidad ostenta el Ministerio del Interior. Su desarrollo responde a la necesidad de articular un mecanismo moderno, automatizado, simplificador y garantista para la figura o concepto jurídico de la intervención de las comunicaciones.

El sistema se articula en tres principios de actuación:

1. Centralización: El servidor y administrador del sistema se encuentra en la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil, distribuyendo la información aportada por las operadoras de comunicaciones a los distintos usuarios implicados.

2. Seguridad: El sistema establece numerosos filtros de seguridad y responsabilidad, apoyados en el principio anterior.

3. Automatización: El sistema responde a la necesidad de modernizar el funcionamiento de las intervenciones de las comunicaciones, dotándole de mayor nivel de garantía y seguridad, reduciendo costes y espacio de almacenamiento, así como adaptarse al uso de nuevos dispositivos de almacenamiento. ” [STS 1078/2009]

Asimismo, en enero de 2010 la Agencia Española de Protección de Datos remitió al Ministerio del Interior el informe de conclusiones sobre la inspección relativa al Sistema de Interceptación de Comunicaciones (SITEL), del que merece la pena destacar que SITEL garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el RLOPD.

El caso es que 2 o 3 meses antes de que apareciera está sentencia e informe de la Agencia de Protección de Datos, el PP pidió explicaciones al PSOE, con toda la carga de hipocresía que ello conlleva, peticiones de las que me quedo expresamente con una declaración de la Srta Cospedal que decía que su formación todavía estaba esperando una explicación por parte del Gobierno tras las denuncias que habían realizado por el irregular funcionamiento del sistema de interceptación de comunicaciones SITEL y que por eso avanzó que utilizaría las vías jurídicas y parlamentarias en el momento que estimasen oportuno para salvaguardar el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Eso sí, subrayó que el tiempo les estaba “dando la razón” con este tema.

Pues viendo posteriormente la razón que les han dado, el uso que ellos mismos han hecho y ya que ha pasado un año desde que se levantó la polémica, yo me pregunto ¿Dónde están todas esas medidas oportunas? ¿es que sólo les interesaba aprovechar el desgaste que se pudo generar en ese momento?

Escopolamina 5 octubre 2010

Posted by rcalber in Ciencia y Tecnologia, Curiosidades, Derecho, General, Psicologia/Psiquiatria.
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La atropina es una droga anticolinérgica extraída de una planta que se llama belladona.

Atropina viene de Atropos, que en la mitología griega era la mayor de las tres de las Moiras, quien elegía el mecanismo de la muerte y terminaba con la vida de cada mortal cortando su hebra con sus “aborrecibles tijeras”

La planta belladona (mujer bella) deriva del uso que hacían las mujeres italianas para dilatarse las pupilas.

En el celebro hay unos receptores que en función de si están ocupados o no, generan unas funciones u otras. Una de esas sustancias es la acetilcolina que viaja a unos receptores relacionados con el aprendizaje y la memoria. La atropina compite por ocupar también esos receptores pero como la sustancia no es la misma se produce una disfunción que dificulta la habilidad natural de esa zona del celebro para acometer su función. De ahí la palabra anticoligérnico.

De esta droga, que ya era conocida y usada por los hindúes, se ha llegado a la escopolamina que hace lo mismo pero con dosis mucho menores. Hoy en día es la droga que nuestras madres querían evitar que consumiéramos cuando nos decían “no bebáis del vaso de nadie”, “haced que os sirvan la copa delante vuestra” o cuando nos aconsejaban que no dejáramos fuera de control nuestra bebida.

¿Por qué? Porque es usada con fines ilícitos ya que con 100 mg de esta sustancia se logra intoxicar a una persona y alterar su estado mental y para conseguir que alguien consuma esa cantidad o se provoca una intoxicación alimentaria o se disuelve la sustancia en una bebida.

Con ello, se logra que la persona entre en amnesia temporal y se vuelva vulnerable y sumisa. A sabiendas de que esa persona va a tener lagunas temporales durante el periodo en el que estuvo drogada (el efecto máximo se alcanza a la hora y luego va disminuyendo), algunos delincuentes aprovechan para cometer contra estas cualquier tipo de agresión.

Luego, en el juzgado, a ver como demuestra alguien que una persona ha sido violada, porque lo más que puede ocurrir es que la víctima piense que sufrió una borrachera y cuando no, lo más que se puede encontrar es restos de semen pero sin lesiones vaginales y que cuando localicen al autor alegue que no hay violación debido a que la relación fue consentida.

En todo caso, una violación no es lo peor que puede ocurrir. Si el delincuente se pasa con la dosis puede causar una depresión respiratoria con arritmia cardiaca -la falta de oxigeno provoca que el corazón trabaje más y en peores condiciones -y llevar a la víctima hasta la muerte.

El libre desarrollo de la personalidad 30 septiembre 2010

Posted by rcalber in Derecho, General, Politica.
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El término friki deriva del inglés freak que significa extraño, extravagante, estrafalario, fanático y ha adquirido tintes peyorativos. Como no tengo palabras para separar lo que es estrafalario, de lo fanático y de la lógica y natural admiración que se puede sentir por otros seres humanos, os dejo un vídeo de alguien que puede ser un fanático de Bob Esponja.

Fuera de bromas, el caso es que vengo observando, con relativa frecuencia y sumo desagrado, que algunos aprovechan a estos seres realmente particulares para convertirlos en objetivo preferente de bromas, insultos e incluso vejaciones fuera de lugar que rozan lo enfermizo.

Así, han aparecido ciertos vídeos con una clara intención de ridiculizar a sus protagonistas, a los que se les pega una paliza, se les veja por sufrir algún tipo de retraso, o se sube algún vídeo estrafalario con el fin de ridiculizarlos, sin importar si son niños – con la carga emocional que ello conlleva – o si son adultos.

Niño haciendo Bix Box

Este vídeo es bastante antiguo y lejos de lo que pretendían los que lo subieron, el chaval se ha hecho famoso y durante un tiempo le estuvieron añadiendo efectos al vídeo, como los “rayos láser”.

Este otro es un vídeo de un drogadicto llamado Perico y del que circulan varios vídeos por Internet.

O este otro del que los militares deben sentirse orgullosos porque así nuestros militares se hacen más machotes y disciplinados.

La dignidad es un valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. El hombre es un sujeto libre que puede regular su comportamiento conforme a imposiciones sociales o actuar de forma autónoma a esas imposiciones, de carácter social y moral, que por la esfera íntima en la que se aloja, no puede ser regulado por normas legales ni impuestas por chantajes sociales. Así, nuestra legislación no puede impedir que alguien no haga un regalo de bodas aunque esté mal visto ni nuestros vecinos pueden intentar humillarnos porque crean que hacemos el ridículo.

Hay muchos ejemplos como estos colgados por Internet. Sin ir más lejos, podemos encender la tele y ver como unos señores que te refriegan la licenciatura de periodistas por la cara preguntan a un personaje cuantas veces se ha acostado un personaje con otro, poniéndole los correspondientes cuernos a su señora. No hablo de que sea verdad o mentira, simplemente, del derecho a mantener una buena imagen pública aunque realmente el personaje sea un malparido y pueda demostrarse.

Estos “frikis” poseen la misma dignidad que cualquier otra persona y sus derechos siguen siendo inviolables e inherentes simplemente por el hecho de ser humanos y ese derecho, no sólo debe ser respetado si no que los poderes públicos deben actuar de una manera seria contra quienes no lo hacen, por muy estúpidos que nos parezcan.

Nuestra Constitución garantiza de forma vinculante el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Asimismo, nuestra Constitución garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Con todo esto en la mano ¿Cómo es posible que ningún funcionario público o administración no hayan visto estos vídeos que nos mandan a todos y los hayan denunciado y obligado a censurar? ¿Cómo es posible que estos vídeos lleven colgados en Youtube desde 2006 y circulando libremente entre la gente?

Derecho a trabajar y derecho a huelga 28 septiembre 2010

Posted by rcalber in Derecho, General, Politica.
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Hoy en ABC publican un extracto en el que, al parecer, CCOO advierte de que los piquetes no permitirán que se trabaje en el aeropuerto.

Según se cuenta en el mail, a los empleados que no porten consigo la carta que le empresa entrega a quienes están asignados como servicios mínimos, no se les permitirá la entrada al aeropuerto. Así lo explican los sindicalistas en su comunicación: “os aconsejamos a todos aquellos que tengáis servicios mínimos, que acudáis a los centros de trabajo con el original de la carta de servicios mínimos, es importante, ya que según hemos podido saber los piquetes solo dejaran (sic) acceder a los puestos de trabajo a quienes porten dicha carta. A estos trabajadores se les facilitara (sic) una pegatina que identifique como servicios mínimos, para que puedan desarrollar libremente su trabajo”.

Queda bien patente en el correo que obra en poder de ABC, que los sindicalistas lo tienen todo preparado y organizado. También deslizan desde la sección sindical una recomendación a los trabajadores de lectura inequívoca: “Os aconsejamos que no pongáis en peligro vuestra integridad física”

A mi este tipo de amenazas me parece repugnante, entre otras cosas, porque se trata de que el Gobierno vea cuanta gente hay descontenta por unas medidas que ha tomado, tan descontentos como para, en plena crisis, decidan perder un día de trabajo y el salario correspondiente.

Por eso, prefiero las palabras de Cándido Méndez, de UGT, que abogan por ganar limpiamente la Huelga General y el hecho de que el Gobierno no vaya a hacer una valoración, para bien o para mal, del seguimiento de la misma.

Yo, en todo caso, a estas alturas no me chupo el dedo y sé lo que tiene de informativo una masa de trabajadores descontentos. Al lado de mi propia casa se han formado patrullas para buscar a albañiles que estuvieran trabajando y si los veían trabajando los obligaban a irse del trabajo, los increpaban porque “ellos se iban a beneficiar de la huelga que estaban haciendo ellos” y si no abandonaban el trabajo fácil se podía montar un buen lío. Esto, en España, a nadie le parece una burrada si no algo a lo que, francamente, estamos acostumbrados.

Otra es la de los transportes públicos y la impunidad con la que desde una masa alborotada puede salir una piedra contra la luna de un camión o de un autobús, arruinando un mes de trabajo al propietario. Eso provoca no sólo que quien quiera la huelga deje de ir al trabajo si no que quien quiere ir a trabajar no tenga medios porque no puede ir en transporte público y si va en coche puede que este acabe en mal estado.

Otra manera de garantizarse el éxito de la huelga es provocando que los niños no puedan asistir a clase, coaccionando los servicios públicos escolares o haciendo hincapié en la integridad física de los niños.

Esto, no es serio, ni una “fiesta de la democracia”, ni nada. Eso para mi es una huelga salvaje por muchos servicios mínimos que se cumplieran, ya que se está coaccionando a quien debería tener derecho de elección, porque el trabajador no tiene garantizado ni el derecho a la huelga ni tampoco el derecho a no hacerla.

Sin embargo, a mi me gustaría hablar del derecho a la huelga porque cada vez que se habla de huelga siempre se habla de los sindicatos y no de los empresarios, pero ¿Hasta que punto el trabajador va voluntariamente a trabajar? ¿Acaso una persona en su sano juicio se juega que le peguen una paliza o le destrocen el coche por un sólo día de salarios?

Muchas empresas amenazan a sus trabajadores de ponerles de patitas en la calle si secundan la Huelga, algo que supone un delito contra los derechos de los trabajadores, delito que luego el trabajador, si acaba denunciándolo, tendrá como imposible probar.

Muchos pensamos que los sindicatos mayoritarios han quedado desacreditados. La huelga de funcionarios la tuvieron que secundar presionados porque el sindicato mayoritario de funcionarios la declaró primero y porque, con todo el tiempo que han tenido para preparar una, sólo han reaccionado ante la perdida de ingresos por los ERES, cuando se abre el debate de los liberados sindicales y cuando se empiezan a cuestionar el dinero que perciben por cursos y subvenciones.

Menuda papeleta que tiene que soportar el trabajador. “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Así, los sindicatos dicen defender los derechos de los trabajadores pero no se preocupan de los problemas de estos, que son secundarios a sus intereses propios; interesan más las cifras que conocer realmente el grado de descontento y encima, la información que deben dar los piquetes informativos no dicen la verdad si no que ofrecen información ruin y sesgada que, supuestamente, debe servir para convencer al trabajador a que se apunte a una huelga aunque los motivos no sean ciertos.

Los sindicatos, en el mercado laboral, no es que sean necesarios es que son IMPRESCINDIBLES, pero la calaña que se ha institucionalizado y que trata a los trabajadores como analfabetos, manipulables y mentecatos son una padilla de vagos, golfos, caraduras e impresentables que sólo representan el mundo cochambroso, corrompido y deshonesto que los trabajadores queremos combatir.

Los trabajadores y sindicalistas nunca hemos estado en contra de los empresarios, es más, les damos la bienvenida. Los sindicalistas estamos en contra de los abusos de poder y nos dejamos la piel en nuestro trabajo y por nuestra empresa, y a la vez que nos estamos dejando la piel en nuestra empresa pedimos mejoras salariales, laborales o sociales buscando una relación de equilibrio y de justicia entre las partes, algo que no reconozco en ningún sindicato mayoritario.

Can Túniz 24 septiembre 2010

Posted by rcalber in Curiosidades, Derecho, Economía, Filosofia, General, Humor, Politica, Psicologia/Psiquiatria.
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Can Túniz era un barrio de Barcelona que se encontraba en el distrito de Sants-Montjuïc entre el Puerto de Barcelona y el Cementerio de Montjuic.

La gran mayoría de los habitantes eran gitanos y el lugar era conocido como un “Supermercado de drogas”. Con la excusa de ampliaciones del puerto se derribó el barrio y a las personas que allí vivían se les dieron viviendas en otros lugares de Barcelona.

Antes de su derribo, José González Morandi y Paco Toledo dedicaron cuatro años a filmarlo en un documental que se estrenó el 23 de Enero del 2009 y que puede encontrase fácilmente por la red.

El documental se inicia en 2002 con una manifestación de vecinos contra la expropiación de sus casas. Allí vive Juan con su padre, ocho hermanos y cerca de veinte sobrinos. Rodeado de toxicómanos, Juan va creciendo esperando la salida de su madre de la cárcel. El barrio va a ser demolido y la familia tendrá que buscar otro hogar.

Es, sobre todo, un vídeo que invita a la reflexión. Dejo el primero de ocho vídeos que pueden verse a través de youtube.

La justicia, además de ciega, sorda. 21 septiembre 2010

Posted by rcalber in Derecho, General.
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El asesinato de los dos jóvenes homosexuales, por el que se acusa a Piñeiro, se produjo en un piso de la calle Oporto de Vigo, en julio de 2006. Las dos víctimas del suceso recibieron 35 y 22 puñaladas, respectivamente, que les causaron la muerte.

El detenido, que confesó la autoría, fue exculpado por un jurado popular de los delitos de homicidio, alegando defensa propia. El veredicto del jurado declaró no culpable a Piñeiro de asestar 57 puñaladas a los dos jóvenes en “legítima defensa” e impulsado por un “miedo insuperable”.

La sentencia del jurado popular explicaba, además, que Jacobo actuó después de que uno de los dos jóvenes -Anderson- lo amenazara con un cuchillo para mantener relaciones sexuales con él.

También fue indultado por el delito de hurto, que solicitaba la acusación particular. A pesar de que Piñeiro se llevó, presuntamente, una maleta con diversas pertenencias de las víctimas, únicamente se le condenó por el incendio de los dos cuerpos y la vivienda.

El jurado popular no es una mala idea como concepto. Es decir, no hay nadie más independiente que un jurado “ad hoc” para decidir, en base a las pruebas que se aportan, si una persona resulta culpable o no, de un hecho criminal.

El problema reside en que los jurados populares tal y como están planteados son un DESASTRE. Alguien, sin un mínimo de conocimientos jurídicos no puede resolver un ejercicio jurídico complejo de eximente o atenuantes del Código Penal, porque no tiene formación suficiente para ello y que incluso a un jurista, en determinados casos, le puede resultar muy complicado aplicar.

Sólo caben tres posibilidades:

– Suprimir los jurados populares y que la justicia, que emana del pueblo, se imparta por Jueces y Tribunales, debidamente nombrados y formados para tal misión.

– Profesionalizar el jurado popular. Hoy día, por incompatibilidad, no pueden tener estudios de Derecho.

– Mantenerlos como están.

Aunque reste Seguridad Jurídica la eliminación de un Jurado Popular, mayor perdida de Seguridad Jurídica tenemos cuando una persona que no es un profesional en la materia tiene que resolver sobre un asunto al que, por cuestiones técnicas, no puede llegar por falta de conocimientos y experiencia suficiente. En los Juzgados, las personas se juegan un bien muy valioso, su libertad, pero también su dignidad y el deseo legítimo de que se haga justicia.

En ciertos países tienen también la figura de un Jurado Popular, pero este jurado es profesional. Lo que no puede ocurrir es que alguien sin conocimientos jurídicos se pueda pronunciar sobre una eximente que tiene unos casos muy limitados de aplicación y que en nada tienen que ver con los motivos que les han colado. Finalmente, la actividad de motivación que los anglosajones no exigen a su jurado, en España si se exige.

La propia jurisprudencia que marca el Tribunal Supremo, es decir, el máxime interprete de nuestra ley para materia no Constitucional se muestra ambiguo en su aplicación. Así, algunas veces, ha vinculado la calificación de este estado emocional, privilegiado en la Ley con la exención de responsabilidad en lugar de la normal atenuación, con la teoría de la acción considerándolo, de idéntica manera que la fuerza irresistible, como excluyente de la misma (S.T.S. 2 de noviembre de 1988). Otras veces la ha relacionado con la inimputabilidad (SS.T.S. 15 de junio de 1982 y 2 de octubre de 1990). En otras ocasiones de causa de inexigibilidad o inculpabilidad en sentido estricto (S.T.S. 19 de julio de 1994) e, incluso, en una ocasión (S.T.S. 3 de marzo de 1987), siguiendo a CÓRDOBA RODA, como mixta entre inimputabilidad e inexigibilidad.

El caso es que le colocan a un Jurado Popular la obligación de resolver este asunto, que ya podrían haber límitado a que estos se pronuncien sobre si creen a una parte o a la otra sin entrar en otras valoraciones (para que el juez pudiera resolver tanto sobre la culpabilidad como la pena a imponer) y estos, en un criterio que puede ser más justo o injusto pero, sin embargo, más o menos ajustado a derecho, le dicen al juez la conclusión que tiene que tener la sentencia y los motivos que la apoyan.

Esto, choca frontalmente con la tutela judicial efectiva ya que las sentencias no tienen que ir prediseñadas si no que las sentencias deben ir perfectamente motivadas. Esa motivación implica que ese discurrir en la mente del juez debe ir reflejándose en el contenido de la sentencia, en la que, tras ese hilado de conjeturas, el juez decide la culpabilidad y la pena a imponer.

¿Qué ocurre? En el caso que nos ocupa el Juez tiene que empezar la casa por el tejado porque la decisión está prefijada. Se limita a imponer una pena y esa actividad “reflexiva” queda en manos de unas personas que son legos en Derecho, sentencia que seguro que contendrá errores y que devendrá nula en cuanto sea recurrida, lo que obligará a repetir el juicio.

Conclusión: Justicia, además de ciega, sorda porque al final se ha aumentado la burocracia, con perjuicio para todas las partes, para desoir lo oido ya que el Jurado puede considerar la culpabilidad y tener razón, pero es incapaz de preparar un hilo probatorio de la misma forma que la haría un profesional del Derecho. Por tanto, lo dicho por el jurado sería desoido para que una vez oidas todas las partes el jurado vuelva a decir lo mismo al juez, esta vez, intentando tener más tino.

Si vamos a tener Jurado lo mínimo que debe ocurrir para que existan garantías es que se traten de Jurados Profesionales aunque, en mi opinión, a día de hoy la justicia es independiente, aunque cada vez el poder político meta más el hocico en el judicial, por lo que enfrentar este nuevo gasto público me parece que no es necesario.

Para concluir, sólo decir que entre varios de los requisitos necsarios para que se aplique lo del miedo insuperable, el miedo tiene que ser provocado por estímulos ciertos y conocidos, graves y actuales o inminentes capaces de provocar ese estado. En este sentido, es evidente que dicho miedo ha de estar provocado por una causa que tenga una cierta realidad, inminencia y antijuridicidad atendida la situación psíquica del sujeto en relación a su edad, formación y circunstancias.

¿Que miedo insuperable tiene una persona que tira una puerta abajo para apuñalar a su víctima? ¿Quién ha acreditado que el sujeto fue amenazado de violación? ¿Acaso no sabía que había hecho algo ilegítimo y por eso metió fuego al piso con el fin de ocultar pruebas? Es que es imposible que el juez dictara una sentencia en condiciones. Si no hubiera estado el Jurado por medio estoy seguro de que ni el reo hubiera intentado tan absurda maniobra y mucho menos le hubieran colocado un gol “por la escuadra” semejante a un juez.

La verdad es que, en este caso, no sabe uno si es lo mismo un Jurado Popular que dejar a un detenido en manos de una muchedumbre, al menos, mientras ese Jurado no esté constituido por personas con un nivel de educación y conocimientos jurídicos que les haga distinguirse de los segundos.

Por último, conviene recordar el fracaso que supone el Jurado Popular en EEUU. Conviene recordar que el fiscal es elegido democráticamente y que bien le conviene que los delitos resulten esclarecidos.

Ser negro y pobre en EEUU y tener que enfrentante a un jurado supone que tengas todas las papeletas para ser condenado por la capacidad de persuasión del fiscal sobre el jurado, no porque en realidad hayas cometido el delito, por lo que todo el mundo que no tiene un duro o pertenece a alguna raza, negocia con el fiscal.

En este caso, el fiscal puede cambiarte una acusación de asesinato por homicidio imprudente, con lo que te ahorras que te maten y un juicio con jurado popular. Esto anima a muchos a confesar, aunque no sean culpables, así como ocurre que muchos pobres de raza hispana o afroamericana se acaban enfrentando al jurado popular y acaban condenados con error judicial porque allí eres “guilty” o “no guilty” y no hay porque razonar nada.

También cabe la posibilidad de gastarse una millonada en un abogado más persuasivo que el fiscal, pero la realidad es que es un riesgo muy difícil de asumir y de ahí que muchos letrados que van presumiendo de que en el 90% de los casos consiguen evitar la pena de muerte, ocultan un pacto que en España es ilegal, pero que también se lleva a cabo.

Movilidad geográfica y desplazamientos laborales 16 septiembre 2010

Posted by rcalber in Derecho, General.
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Una de las razones que llevan a aceptar un contrato de trabajo es el lugar donde se encuentra nuestro centro de trabajo. Así, algunos trabajadores estarían dispuestos a recorrer 50 kilómetros para ir a su lugar de trabajo y, a otros, esta decisión les desagradaría.

Puede darse el caso de que tengamos contrato en vigor y el empresario, por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, quiera movilizarnos a otro centro de trabajo, que implique un cambio de residencia para el trabajador.

En este caso, se produce un choque de intereses entre la vida personal y familiar del trabajador y los legítimos intereses empresariales que se debe adaptar a las exigencias sobrevenidas del mercado.

En primer lugar, hay que señalar que se entiende como traslado cuando el trabajador que no haya sido contratado para prestar sus servicios con centros de trabajos móviles, o itinerantes es destinado a un centro de trabajo, distinto de la misma empresa, que le exija un cambio de residencia definitiva, o cuando el desplazamiento exceda de doce meses en un periodo de tres años.

TRASLADO INDIVIDUAL

Una vez que el empresario le comunica el traslado al trabajador, obligación que tiene de efectuar con una antelación mínima de treinta días, el trabajador puede optar por una de las siguientes opciones:

– Aceptar el traslado con indemnización de los gastos ocasionados por el traslado propio y de sus familiares.

– Rechazar el traslado con una indemnización de 20 días por año trabajado.

– Impugnar el traslado ante el juzgado de lo social, declarando las razones por las que lo considera injustificado y, si se reconociera, el trabajador tendría derecho a reincorporarse a su centro de trabajo habitual.

TRASLADO COLECTIVO

Cuando el traslado afecta a un porcentaje importante de la plantilla y esta tiene un mínimo de 5 trabajadores entran en juego los representantes de los trabajadores, a los que el empresario consulta y luego traslada su decisión.

Esta decisión puede ser impugnada judicialmente a través del conflicto colectivo.

Para el caso en que no se quiera impugnar, los trabajadores pueden individualmente elegir entre aceptar el traslado o rechazarlo con los derechos y obligaciones señalados en el apartado anterior.

MOVILIDAD

Puede ocurrir también que el trabajador necesite trasladarse sin fijar un cambio de residencia porque esos traslados no derivan más que en un cambio de residencia temporal.

En este caso, la empresa se lo tiene que comunicar con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha de su efectividad para desplazamientos que duren más de 3 meses o de un tiempo “suficiente” para el resto de los casos.

El trabajador puede aceptar el traslado, percibiendo los gastos del desplazamiento, dietas y, por supuesto, su nómina. Asimismo, cada 3 meses de desplazamientos, el trabajador tendrá derecho a 4 días libres en días laborables (no cuenta la fecha de los viajes de ida y vuelta).

El problema reside en que no estemos de acuerdo. El acuerdo podemos impugnarlo en el juzgado si lo consideramos injustificado pero ello no paraliza la ejecución del traslado. Luego, el trabajador puede que reciba la razón del juzgado, pero puede que ya esté de vuelta cuando en la demanda le reconozcan su derecho a volver a su centro de trabajo habitual.

Ese viajero incansable … 15 septiembre 2010

Posted by rcalber in Curiosidades, Derecho, Filosofia, General.
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Los pacientes Testigos de Jehová señalan que no aprueban la transfusión de sangre por ser un acto contrario a sus creencias y prácticas religiosas, que les impiden compartir la sangre.

Hemos oido en infinidad de ocasiones como pacientes en situación muy crítica se han jugado la vida o les ha alcanzado la muerte y se han mantenido firmes en la decisión de rechazar un tratamiento médico que les podría salvar la vida.

Esto, puede chocar con lo ocurrido con De Juana Chaos, de hecho, choca y es indefendible, pero vamos a dar por bueno el criterio que se ha seguido, en el que se sugiere que la vida de un preso está tutelada por el sistema penitenciario y, por tanto, era posible alimentar contra su voluntad a este asesino y salvar su repugnante vida.

Efectivamente, cuando tenemos que tratar el tema desde el punto de vista jurídico, nos chocamos con el derecho a la vida en contraposición con la libertad de credo y la libertad de conciencia de las personas. ¿Que es más valioso y que prevalece?

El error en que caemos (y me incluyo) todos es en pensar que el bien más supremo del ser humano es su propia vida, pero no es así, al menos, desde el plano jurídico. . El deber de conservar la propia vida tiene unos límites marcados por el uso de medios ordinarios y el uso de medios moralmente lícitos.

Ante un medio que el paciente considera inmoral del que puede seguir la recuperación de la salud o la prolongación de la vida hay quien considera que ciertas situaciones son inaceptables para la dignidad humana y quien decide, libremente, rechazar el tratamiento propuesto.

Estas consideraciones o valoraciones en conciencia responden a normas morales de carácter privado, es decir, sólo pueden tratarse desde la esfera íntima de la persona y ese momento íntimo de ejercicio de la libertad, no puede obstruirse, aunque consideremos ese ejercicio más o menos válido, por cuestiones morales ajenas y por tanto, queda la obligación de respetar esa libertad cuando el paciente, por supuesto, se encuentre en plenitud de sus facultades mentales.

Así, pese a que nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia 120/1990, fundamento Jurídico nº 7, recuerda que “…..el derecho a la vida, reconocido en el artículo 15 C.E., tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad, que incluya el derecho a la propia muerte…… En virtud de ello, no es posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte….”, su su célebre Sentencia 154/2002 de 18 de julio referida a la solicitud de amparo de unos padres de un menor fallecido a causa de la negativa a aceptar transfusiones de sangre por motivos religiosos, que “en definitiva, la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho fundamental sino únicamente una manifestación del principio general de libertad que informa nuestro texto constitucional”

Unos meses después de esa última sentencia, apareció una norma que permite la negativa genérica al tratamiento prescrito es un derecho legalmente garantizado (artículo 2.4 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente), de forma y manera que, el resultado que pueda derivarse de esta decisión, libremente tomada por el paciente, derivaría en exclusiva responsabilidad del mismo, al reconocérsele un ámbito de libertad propio y exclusivo en el que ningún médico puede asumir competencias.

La ley impone la obligación de comunicar al paciente su diagnóstico, pronóstico, tratamiento pero también LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO y la única responsabilidad en la que recaería el médico por malas praxis sería la de no comunicar otras vías alternativas. Si el paciente muere y ha sido informado de todo lo que rodea a su proceso patológico y ha rechazado en firme el tratamiento, el médico no adquiere ningún tipo de responsabilidad civil o penal.

En este punto, muchos podréis pensar que si la libertad de conciencia está por encima de todas las cosas, a alguien se le podría ocurrir hacer un ejercicio abusivo del propio derecho para hacer valer, por ejemplo, su derecho a no pagar impuestos porque su conciencia le impede favorecer la creación y mantenimiento de ejércitos o de no dar una habitación a una pareja de homosexuales porque su religión se lo impide.

La ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial del mismo. La libertad de conciencia tiene su límite en el punto en que esa decisión, de hacer o no hacer, no implique un perjuicio a terceros o ponga en peligro el orden público.

Como he comentado anteriormente, para mi no existe mayor bien supremo que el derecho a la propia vida y, como todos tenemos una intuición de “lo justo” y pensamos que “lo justo” debe estar amparada por el derecho, siempre he creído que aunque una persona tenga el deseo de morir, no se le debe permitir.

La razón que esgrimo, en el choque dignidad o vida, es que en el cementerio no he conocido a nadie con dignidad. Es decir, la dignidad va inquebrantablemente unida a la vida humana y, una vez muerto, ni hay vida, ni hay dignidad ni hay nada.

Yo pienso que la dignidad es algo que uno puede pensar que se pierde, aunque va inquebrantablemente unida a la vida humana. Un señor que está en una cama atendido por terceras personas puede pensar que su vida no vale nada y a ese señor, más que ayudarle a facilitar su propia autodestrucción, hay que llevarle a encontrarse con su propia dignidad, facilitándole ocupaciones, entretenimientos y asistiéndole con mucho cariño.

Una persona que está en coma, del que probablemente no vaya a despertar nunca, no deja de ser un ser vivo y una persona. Nunca ha dejado de ser indigno por hayarse en esa situación, simplemente, es un señor enfermo con una patología para la que no hay cura ¿quién me dice a mi que no la tendrá mañana?

Por último, cabe la posibilidad de que se trate de un señor que padece sufrimientos inhumanos y cuya muerte es inminente y no existe posibilidad, antes de su muerte, que esa patología pueda ser enfrentada. Por el mismo criterio que en los casos anteriores, por dignidad, creo que a esa persona hay que darle cuidados paliativos (la sedación) para hacerle más dulce el momento de su muerte.