Reflexiones

¿Oculta deuda España al igual que Grecia? 17 marzo 2010

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que el Gobierno español no ha recurrido a ninguna operación con productos derivados, como las que se sospecha que pudo haber empleado Grecia para enmascarar su déficit y deuda. Preguntada si las autoridades españolas habían recibido del banco de inversión Goldman Sachs alguna propuesta de operaciones con divisas como las que se atribuye a Grecia, la vicepresidenta segunda del Gobierno respondió: «no, en absoluto». «Si se hubiera recibido, no habría sido aceptada».

Concepto Derecho Público y Derecho Privado

El Derecho se divide en dos grandes ramas: derecho público y derecho privado.

Esto es bastante simple pero por decirlo de alguna manera el derecho privado, pero en los tribunales se pueden llevar años pleiteando para que se aplique uno u otro tipo de derecho según convenga a los litigantes.

El derecho privado se utiliza en relaciones entre particulares. Por ejemplo, cuando contratamos a una empresa para que nos lleve el tema de la limpieza en unas oficinas, el gerente de la empresa viene a contratar a quien le da la gana y libremente, mediante un contrato que se rige por el Código Civil y que se redacta con cierta libertad entre las partes.

En cambio, si la Administración Pública quiere contratar un servicio de limpieza, se hace mediante Derecho Público, mediante un procedimiento que viene recogido en unas normas tendentes a fiscalizar a nuestros gestores públicos.

El lio viene por la inadecuación del Derecho administrativo para servir a las nuevas tareas productivas asumidas por el Estado mientras, por el contrario, la aplicación del derecho común supone una mayor flexibilidad. Es decir, cuando el Estado era dueña de Telefónica, Telefónica se regía por el derecho privado al igual que ahora, porque el derecho público es muy poco ágil como refleja la sabiduría popular con el dicho «las cosas de palacio van despacio»

En suma, la actividad de producción del Estado no tiene cabida en la noción de servicio público, y aun cuando persiga el interés público, debe admitirse que sea regulada por el derecho privado.

Y bajo esta excusa TODAS LAS ADMINISTRACIONES se dedicaron a crear empresas públicas que están sometidas a derecho privado, que no viene de ahora, si no que viene de épocas del franquismo aunque el sistema de crear empresas para huir de los controles del derecho público se empezó a popularizar ya en los años 90.

¿Cúal es el problema entonces?

Como vemos, el objetivo en el que todos se amparan es el de «superar las rigideces que presentan los actuales modelos de gestión y la escasa autonomía con que cuentan los organismos públicos».

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y yo voy y me lo tragoooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Entonces ¿Por qué no quitar esas rigideces del derecho público?

Aqui la única finalidad es salir espantado del Derecho Administrativo ¿Por qué? Porque se trata de evitar la aplicación de las reglas de la contratación pública, las de la concesión de ayudas, las normas y hasta los principios constitucionales que atañen a la función pública cayendo en brazos del derecho laboral; las que se refieren a los controles económicos y financieros de la gestión presupuestaria, del endeudamiento y del déficit. Llegando incluso a algo más, no sólo se pierden los controles económicos y financieros, sino que incluso el control entendido como seguimiento de la gestión, como acceso a la información, que correspondería tener a la matriz, se pierde, se niega.

Se niega por tanto al ciudadano que paga sus impuestos su derecho a conocer, seguir y controlar cada céntimo que sale de su bolsillo.

En estas circunstancias, la Administración Pública deja de estar controlada por el Derecho Privado, pero tampoco queda bajo el control al que se ve sometida toda empresa privada:

– Las leyes del propio mercado (leyes económicas no legales)
– Los procesos de impugnación de acuerdos sociales ante el juez civil.

Como véis, nuestra clase política se cubre de la sensación de impunidad que otorga este mecanismo de destrucción de todas las garantías encaminadas a controlar cada céntimo en manos de una clase política que incluso bajo este paraguas sigue dando incluso escándalos de corrupción.

En el último informe publicado del Tribunal de Cuentas de fiscalización de los Sectores Públicos Autonómico y Local de 2003 sobre Rendición de Cuentas del sector público autonómico sobre un total de 1.032 entidades públicas, sólo el 72% rindió cuentas en plazo, es decir, casi 300 entidades, un 28% rindió cuentas fuera de plazo o no las rindieron porque no les dió la gana.

No se puede justificar que el cumplimiento de las funciones públicas es imposible dentro del marco establecido por el mismo derecho que ellos mismos pueden crear y modificar, pero si se quitan normas encaminadas a proteger la transparencia en la gestión se generaria un verdadero revuelo y por ello es tan popular esta formula, que entre otras cosas, también permite ocultar deuda y escapar de los objetivos que marca la Unión Europea.

Yo siempre digo que el ciudadano no conoce este tipo de triquiñuelas pero que de alguna forma «siente» que las cosas no van bien porque se empieza a hablar de demasiada burocracia con todo un verdadero entramado de carga burocrática y cargos nombrados a dedo.

Basta con fijarse en que tenemos 1 Estado, 17 comunidades autonomas y 2 ciudades autonomas y unos 5.000 municipios. Una Comunidad Autonoma como la de Andalucia tiene a su vez 17 consejerias y una consejeria puede tener media docena de organismos adcritos.

Por poner un ejemplo, sólo la Fundación tres culturas del Mediterraneo cuenta con su Director gerente, un Director adjunto, un coordinador y un coordinador adjunto, dos asistentes de dirección, un jefe de administración, cuatro administrativos, un jefe de logística y servicios generales, 2 empleados en logística y mantenimiento, 2 asistentes de logística, 4 empleados más para atender el Area de actividades y programas, otros 4 para la cooperación interuniversitaria y ONG,s, 3 para las relaciones euro-mediterráneas, otros 3 para actividades culturales y programación, otros 3 para la biblioteca, 5 más para comunicaciones y publicaciones ¿Quién ha puesto ahí a todos estos cargos y exactamente para que?

El próximo día 23, las comunidades tienen una cita en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el Gobierno central para comenzar a trazar planes de reducción de gastos. Y, ahí, necesariamente entran en juego los entes autonómicos, de los que nadie posee una radiografía fiable que permita conocer qué peso global poseen en el conjunto de la Administración. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, pretende que comunidades y ayuntamientos la otra gran fuente de conglomerados de gestión de escasa transparencia se doten de un plan para que el déficit de todas las administraciones baje de modo drástico: del 11,4% de 2009 al 3% en 2011.

Haciendo click aqui podemos acceder a los informes sobre el inventario de entes dependientes de las Comunidades Autónomas y su evolución que suman un total de 2012 entidades a las que hay que sumar las del Pais Vasco que no se cuentan, además de las 474 del Estado a las que puedes acceder haciendo click aqui. Las de los entes locales no puedo sumarlas pero puedes conocer las de tu municipio haciendo click aqui

Esto, no hay economia que lo soporte.